La postura agresiva de Nintendo contra la emulación y la piratería está bien documentada. Ejemplos recientes incluyen el acuerdo de $ 2.4 millones con los desarrolladores de emuladores de Yuzu (marzo de 2024), el cese del desarrollo del emulador de Ryujinx después de la intervención de Nintendo (octubre de 2024) y la presión legal aplicada a la liberación de vapor del emulador del delfín. El infame caso de Gary Bowser, a quien se le ordenó pagar $ 14.5 millones por dispositivos de reventa que evitó las medidas antipiratería de Nintendo Switch, resalta aún más este compromiso.
Una presentación reciente en Tokyo Esports Festa 2025 del abogado de patentes de Nintendo, Koji Nishiura, arrojó luz sobre la estrategia legal de la compañía. Si bien los emuladores no son inherentemente ilegales, Nishiura aclaró que su uso puede volverse ilegal en circunstancias específicas. La infracción de los derechos de autor ocurre si un emulador replica el código de juego o elude las medidas de seguridad de la consola.
Este enfoque legal se basa en gran medida en la Ley de Prevención de la Competencia de Japón (UCPA), que limita el alcance extraterritorial de Nintendo. La tarjeta R4 para el Nintendo DS, que permitió la ejecución de juegos pirateados, sirve como precedente. Nintendo utilizó con éxito la UCPA para prohibir las ventas R4 en 2009.
Nishiura también destacó la ilegalidad de las "aplicaciones Reach", las herramientas de terceros partidos que facilitan las descargas de software pirateados dentro de los emuladores. Los ejemplos incluyen el Freeshop de 3DS y el TiDfoil de Switch. Estas herramientas, argumentó, constituyen infracción de derechos de autor.
La demanda de Nintendo contra Yuzu citó un millón de copias pirateadas de La leyenda de Zelda: lágrimas del reino , vinculando los ingresos de Patreon del emulador ($ 30,000 mensuales) con la provisión de acceso temprano y características exclusivas, enfatizando aún más el incentivo financiero detrás de sus acciones legales .